La crisis mundial con epicentro en los países desarrollados tiene características y efectos que todavía los mejores especialistas no pueden anticipar. Hoy se discute si Estados Unidos, la principal economía del mundo, entrará en recesión o en depresión y cuáles serán los graves efectos en el resto de los países, especialmente en los emergentes como Argentina.
En las últimas semanas, frente al colapso de las bolsas, los mercados de valores y los bancos, Europa, Estados Unidos y China tomaron medidas de intervención y regulación sin precedentes desde la crisis de 1929. Por otra parte, Chile y Brasil han decidido e implementado políticas vigorosas para financiar al sector privado y evitar su colapso.
Las políticas públicas activas de los países centrales, en coordinación con el sector privado, nos confirman que en la emergencia global, el Estado puede y debe proveer un bien público valioso: la reducción de la volatilidad del ciclo económico, restableciendo la confianza perdida y reduciendo el costo de una crisis de todo el sistema. Cuando el costo de no intervenir puede hacer colapsar el sistema, el rescate global – sin que signifique el regreso del viejo estado empresario – es pragmático, no ideológico.
Mientras la crisis global aún no ha encontrado su piso y todos los países se preparan para responder ante una situación de extrema gravedad, la dirigencia argentina todavía no ha articulado un conjunto de propuestas y acciones que con su implementación permitan reducir el impacto en nuestro país.
Un tema fundamental en la explicación de las diferentes crisis argentinas es el rol de su clase dirigente. Cuando hablamos de dirigencia, incluimos a la dirigencia política, empresarial, social, sindical y a nuestros intelectuales.
En la crisis de 2002, la dirigencia argentina hizo un diagnóstico equivocado: hay salvación individual. La voluntad de la dirigencia argentina de maximizar el beneficio en el corto plazo primó sobre la consideración del bien común.
Es así que la crisis afectó severamente a toda la sociedad, particularmente a los más pobres, deterioró aún más al sistema de partidos políticos y resultó en que un gran número de empresarios argentinos vendiera o perdiera el control de sus empresas. Así, desde el punto de vista empresario, se consolidó un fuerte avance de las empresas de capital extranjero que condiciona a futuro el desarrollo de empresas nacionales globales, verdaderos motores del empleo y el desarrollo del país.
La crisis mundial actual encuentra a la dirigencia Argentina con una agenda pendiente, cuya solución requerirá resolver la débil articulación del sector público y privado; con limitaciones en las exportaciones, cuando exportar es parte de la solución; con dificultades para la relación con el mundo, cuando la integración global es parte de la solución; con subsidios que muchas veces benefician a los que más pueden pagar, cuando se necesitarán recursos para asistir a los más afectados por la crisis; con inflación, sin estadísticas; sin mercado de capitales y sin crédito, cuando el desarrollo de nuestras empresas es esencial para sostener el empleo.
La Argentina, en estos momentos críticos, extraña la voz de sus empresarios y de su clase dirigente, que es la responsable de marcar el camino del progreso, dar el ejemplo, fijar las estrategias y fundamentalmente estar a la altura de los desafíos. Es hora de reconsiderar seriamente las actitudes de todos nosotros ante esta crisis.
ACDE cree que toda la dirigencia es responsable del bien común y del destino de la Nación. Ante la crisis global toda la dirigencia argentina debe unirse y convocar sin demora a la sociedad a construir consensos, a postergar sus demandas sectoriales, a vivir con austeridad y a trabajar para consolidar el proyecto de Nación.
