Los demandantes habían intentado ejecutar la sentencia en otras jurisdicciones, incluyendo Argentina.
La Corte Suprema de Estados Unidos denegó una solicitud para reexaminar la decisión de una Corte de Apelaciones de EE.UU., que ratifica un dictamen de primera instancia que concluyó que la sentencia ecuatoriana por $9.500 millones contra Chevron Corporation fue producto de fraude y chantaje, y es inejecutable en Estados Unidos.
En 2014, la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York dictaminó que Steven Donziger, el abogado estadounidense detrás del juicio fraudulento contra Chevron Corporation en Ecuador, había violado la Ley Federal Contra el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), cometiendo extorsión, lavado de dinero, fraude electrónico, violaciones a la Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, manipulación de testigos y obstrucción de justicia al obtener la sentencia ecuatoriana e intentar encubrir su conducta criminal y la de sus colaboradores. La corte detalló sus hallazgos en una decisión de casi 500 páginas. La Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito ratificó unánimemente la decisión de la corte inferior en agosto de 2016.
“Los hechos del plan de extorsión judicial en Ecuador y la ilegalidad de la mala conducta de los abogados de los demandantes han sido finalmente, y de manera concluyente, confirmados por el sistema judicial de Estados Unidos”, dijo R. Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron. “La decisión de hoy es un paso importante hacia la conclusión final de esta confabulación ilegal”.
Chevron nunca ha operado en Ecuador. Texaco Petroleum (TexPet), que se convirtió en una subsidiaria de Chevron en 2001, fue socio minoritario en un consorcio de producción petrolera en Ecuador, junto con la empresa petrolera estatal, Petroecuador, de 1964 a 1992. Después de que TexPet entregó su participación restante de las operaciones petroleras a Petroecuador en 1992, en virtud de un acuerdo con Ecuador, TexPet acordó llevar a cabo la remediación de los sitios de producción seleccionados, mientras que Petroecuador siguió siendo responsable por realizar cualquier limpieza restante. El Gobierno de Ecuador certificó y supervisó la finalización exitosa de la remediación de TexPet, y liberó a TexPet de cualquier otra responsabilidad ambiental. Sin embargo, Petroecuador no realizó la limpieza que prometió y continuó operando y expandiendo sus operaciones petroleras en la antigua concesión durante los últimos 20 años.
Desde que la magnitud del fraude fue revelada, más de una docena de aliados y miembros del equipo de Donziger lo han abandonado a él y a su esquema fraudulento, incluyendo a su ex abogado adjunto, consultores ambientales, financistas, inversionistas, empleados y colaboradores ecuatorianos.
Los intentos de Donziger de ejecutar la fraudulenta sentencia en otras jurisdicciones también han encontrado resistencia. En enero de 2017, una corte canadiense rechazó un intento de ejecutar la sentencia ecuatoriana contra la subsidiaria de Chevron, Chevron Canada Limited. La corte dictaminó que Chevron Canada Limited es una entidad separada de Chevron Corporation, y no es parte del juicio ecuatoriano, ni deudor de la sentencia.
Los fiscales públicos de Argentina y Brasil emitieron opiniones en abril de 2016 y mayo de 2015 respectivamente, recomendando a sus cortes a que no reconozcan la sentencia ecuatoriana. El subprocurador general de Brasil declaró que fue “emitida de forma irregular, especialmente bajo actos deplorables de corrupción”.
En diciembre de 2015, la Corte Suprema de Gibraltar dictó una sentencia contra Amazonia Recovery Ltd., una compañía con sede en Gibraltar creada por Donziger y sus socios para recibir y distribuir los fondos provenientes de la fraudulenta sentencia ecuatoriana. La corte otorgó a Chevron 28 millones de dólares en daños y perjuicios y emitió una medida cautelar permanente contra Amazonia, prohibiendo que la compañía ayudara o apoyara de cualquier manera el caso contra Chevron.
