La iniciativa de ajustar la valuación de los inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires está generando intensas polémicas. Simultáneamente, pasa casi desapercibido que el gobierno nacional consigue, a través del simple mecanismo de diferir la actualización del mínimo no imponible, que cada vez más personas sean alcanzadas y paguen montos más altos por el impuesto a los bienes personales. La inflación genera esta situación curiosa. Se rechazan los intentos de los gobiernos locales por evitar que su recaudación sea erosionada por la inflación, pero se acepta con pasividad que el gobierno central aumente la presión impositiva gracias a ella.
El impuesto inmobiliario es una de las principales fuentes de financiamiento propio de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En un contexto inflacionario es necesario que la valuación de los inmuebles se ajuste en proporción al crecimiento de los precios para que la recaudación no pierda valor real. Si los gobiernos locales no actualizan las valuaciones, los ingresos públicos sufren una caída proporcional a la intensidad de la inflación
Un proceso inverso se da en el impuesto a los bienes personales que cobra la Nación. Con inflación, muchos de los bienes que integran la base imponible ajustan su valuación de manera automática y otros, como los inmuebles, se revalúan cuando se explicita su valor de mercado al transferirse. En este caso, si no se actualizan los mínimos no imponibles, más gente paga y por montos más altos el impuesto ya que las alícuotas aumentan con el patrimonio. Así, la recaudación aumenta más que proporcionalmente con la inflación.
Comparando datos de recaudación publicados por el Ministerio de Economía de la Nación se puede observar las diferencias que sugieren la importancia de estos dos efectos:
• Entre 1998 y 2006, los precios medidos a través del IPC crecieron un 76%.
• En el mismo periodo, la recaudación del impuesto inmobiliario que administran las provincias y la Ciudad de Buenos Aires creció un 54%.
• En cambio, la recaudación de bienes personales de la Nación se incrementó un 169%.
Muchos factores explican estas tendencias tan disímiles, pero uno de importancia decisiva es la inflación. A las provincias les ha resultado muy difícil actualizar las valuaciones para compensar al menos parte de la erosión que produce la inflación. La polémica en la Ciudad de Buenos Aires resulta muy ilustrativa en este sentido. Sin embargo, para el gobierno nacional no reconocer la incidencia que tiene la inflación sobre los impuestos ha hecho que más gente pague por montos cada vez más altos.
Apelando al simple expediente de no actualizar los parámetros con los que se calculan los impuestos, la Nación aumenta la recaudación. No sólo del impuesto a los bienes personales sino también de otros tributos muy importantes desde el punto de vista de su participación en la recaudación, como el impuesto a las ganancias. Irónicamente, medidas puntuales tendiente a compensar este fenómeno, como la reducción de algunos de los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias de los asalariados, son presentadas como una “reducción de impuestos”, cuando en realidad se trata de dejar de aplicar un aumento de presión impositiva que se produjo automáticamente con la inflación.
Aumentar la presión impositiva a través de la inflación perturba el funcionamiento del sector público y colisiona con las reglas que fija la Constitución. Con el desfinanciamiento de los gobiernos locales se potencian los efectos de la deficiente gestión sobre la calidad de los servicios a cargo de las provincias. La mayoría de los cuales tiene importancia estratégica para el desarrollo, como educación, salud, seguridad e infraestructura. Por su parte, con el exceso de financiamiento a nivel nacional se promueve el derroche de recursos públicos. El mecanismo mas dañino se da cuando estos fondos se canalizan desde Buenos Aires como si fuesen “ayudas” para los desfinanciados gobiernos locales. Así, el gobierno nacional aparece como un “salvador” que manda fondos para pagar aumentos de salarios cuando se intensifican los conflictos docentes, para construir o equipar un hospital provincial o para repartir alimentos y bienes a población vulnerable, la mayoría de las veces condicionado a la subordinación política con el nivel central.
Es tan legítimo que los ciudadanos rechacen la actualización de la valuación como que los gobiernos locales traten de evitar que sus ingresos se licúen con la inflación. No se trata de una contradicción sino que es la consecuencia lógica de los efectos distorsivos que genera la inflación cuando se la utiliza como mecanismo de recaudación, como lo hace el gobierno nacional. Por un lado, la inflación incrementa automáticamente la presión impositiva a favor del nivel central. Por el otro, “licua” los ingresos de los gobiernos locales. El resultado es que la gente paga cada vez más impuestos pero los recursos no llegan de manera directa a quienes tiene que suministrar los servicios, que son los gobiernos provinciales.
