La Ley 27.264 sancionó el “Programa de Recuperación Productiva” dando forma al primer paquete de medidas del Gobierno destinadas a incentivar y proteger la actividad económica en las micro, pequeñas empresas. Este conjunto de medidas puede ser analizado desde distintas perspectivas, todas ellas válidas en atención a los problemas que se deseen encarar. En estas líneas, nos interesa detenernos en los problemas laborales que deben enfrentar estas empresas que, por su escala, pueden impactar en la sustentabilidad misma del negocio. Adelantamos nuestra conclusión: La problemática laboral está prácticamente ausente en el paquete de medidas recientemente sancionado.
Si bien es cierto que esta Ley instruye al Ministerio de Trabajo de la Nación para que simplifique los trámites de acceso al Programa -contiene normas sobre capacitación y la posibilidad de acceder a una suma fija mensual de hasta un salario mínimo, vital y móvil para completar el pago de las remuneraciones de los trabajadores por un tiempo limitado a cambio de no despedir personal-, no encontramos muchas medidas de relevancia destinadas a mejorar la regulación de la problemática laboral. En rigor, el grueso de las medidas sancionadas atiende a cuestiones de índole impositiva, de crédito y financiamiento cuya importancia no desconocemos, pero ello no nos impide señalar la orfandad en materia de regulación laboral de esta norma.
Existen temas concretos que deben ser objeto de regulación si se quiere mejorar la competitividad de las empresas de menor escala, solo por mencionar algunos ejemplos: la eliminación de las multas vinculadas a la extinción de los contratos de trabajo, el establecimiento de topes a los costos de los honorarios judiciales, la modificación del régimen de pasantías universitarias o el fraccionamiento del pago del aguinaldo. No estamos hablando de la flexibilidad laboral al estilo de los noventa con los contratos basura, medidas éstas de dudosa efectividad que, además, generarían una conflictividad gremial innecesaria; se trata de identificar cuáles son los problemas laborales concretos y brindarles una respuesta legislativa adecuada en atención a las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas.
