El Senado podría aprobar una iniciativa impulsada por Came, que pone un tope de 1,5% a las compras con crédito y el costo cero para las operaciones de débito. El Gobierno es partidario de regular y fomentar la competencia.
Mientras el Senado se prepara para votar en el recinto un proyecto de ley para rebajar el valor de las comisiones por el uso de tarjetas de crédito y débito, crece la disputa entre las cámaras empresarias que apoyan y rechazan la propuesta.
La iniciativa del senador chubutense Alfredo Luenzo (UNA), impulsada por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) busca establecer un tope máximo de 1,5 por ciento (hoy ronda el tres por ciento) en las comisiones de las operaciones de crédito y bajar a cero las que se aplican en las compras con tarjeta de débito.
En este caso, se pretende asimilarlas a las transferencias automáticas que, desde el segundo trimestre de este año, son gratuitas sin importar el monto.
El propio Gobierno nacional intervino en el tema y, a través del titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), Esteban Greco, adelantó que analiza tomar medidas para “reformular el mercado” y “abrir la competencia” con el fin de evitar la “cartelización”.
Desde las empresas emisoras de plásticos, un informe elaborado por la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyt) es muy crítico a la iniciativa que analizan los legisladores, según informa el sitio Parlamentario.com.
La cámara que reúne a las empresas de tarjetas asegura que poner un tope a los aranceles tendría como impacto inmediato una afectación del nivel de consumo en general, se eliminarían las promociones, incluido el programa Ahora 12; desaparecían los planes de cuotas sin interés; se eliminaría la emisión de nuevas tarjetas, con menos publicidad; y habría una restricción del crédito para consumo.
Además, señala que la discusión sobre el arancel pasa exclusivamente por la manera en que se reparte un negocio entre bancos y tarjetas.
“Si se reduce el arancel, no tendría impacto en los precios de los consumidores. Sería una transferencia de ingresos desde las tarjetas hacia los comercios”, asegura Atacyt.
Por el contrario, la Came opina de forma diferente. Explica que los precios bajarán porque es la única forma de aumentar el consumo. Y sobre el plan Ahora 12 aclara que se trata exclusivamente de un programa en el que intervienen el Estado -que subsidia una parte de las cuotas sin interés- y directamente los comercios.
Mientras tanto, el Ministerio de la Producción de la Nación anunció que la investigación que abrirá la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por falta de competencia y de transparencia en el mercado de las tarjetas recae sobre Prisma (Visa Argentina) y 14 bancos accionistas.
Una de las críticas principales es que se trata de un sistema “cerrado”, que impide a otros jugadores la posibilidad de emitir la tarjeta en el país.
“Creemos que hay que atacar el problema integralmente para reformular la estructura del mercado y su funcionamiento y no arbitrariamente determinar cuál es la comisión final que debe cobrarse a los comercios”, señaló Greco en declaraciones radiales.
“Proponemos que la ley de tarjeta le dé al Banco Central como autoridad de aplicación para determinar la manera de regulación, pero no establecemos un número”, concluyó.
