Mercado Libre es la empresa argentina más cotizada en el mercado internacional. Fue creada en 1999 y su objeto son las compras, ventas y pagos por internet, y a partir de entonces experimentó una fabulosa expansión, contando con filiales en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cosa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá, entre otros.
En la Argentina es donde Mercado Libre, y su producto Mercado Pago, ha generado su mayor expansión y beneficios, ya que -en particular durante los años del gobierno de Mauricio Macri-, extendió sus actividades a la prestación de servicios financieros, cobro de servicios públicos y privados, etcétera. La protección brindada por la gestión de Cambiemos le permitió tomar conocimiento anticipado de cambios en legislaciones, medidas gubernamentales, reperfilamiento de la deuda pública y movimientos en el mercado cambiario, que le posibilitaron generar ganancias y tomar decisiones financieras muy rentables, aunque de manera muy poco transparente. Su intromisión en el mercado financiero motivó reclamos y presentaciones de la Asociación Bancaria, habida cuenta de las condiciones de precariedad laboral de sus trabajadores en relación con las normas vigentes en la actividad financiera regular.
Su fundador y presidente, Marcos Galperín, fue uno de los ejemplos presentados habitualmente por el ex presidente Mauricio Macri como de “emprendedurismo exitoso”, y, recíprocamente, Galperín respaldó explícitamente el intento de reelección del ex presidente. Tras el resultado adverso en las PASO, Galperín intentó un acercamiento con Alberto Fernández, pero finalmente decidió resignar la presidencia de la empresa y radicarse en el Uruguay.
Sin embargo, con el cambio de gobierno, Mercado Libre no resignó ninguna de las posiciones conquistadas en los años previos, incluido su producto estrella, Mercado Pago, que siguió extendiéndose como medio de pago y financiamiento, una especie de cuasi-moneda que permite articular un sistema de cobros, pagos y acreditaciones, con reglas y plazos fijados por la empresa.
Hasta hace unos días, no se registraron mayores quejas ni denuncias sobre el aceitado funcionamiento de ese mecanismo, conforme a las normas fijadas por la empresa. Sin embargo, desde la semana pasada varios usuarios y empresas que operaban casi exclusivamente con ese medio de pago recibieron una alarmante comunicación en sus cuentas, en las que se les notificaba de manera críptica la postergación de la acreditación de los fondos por las ventas de sus productos y/o servicios por un plazo de noventa días, por abstractos “motivos de seguridad”.
“Comprendemos el malestar frente a esta situación, pero es una medida necesaria para mantener el sitio seguro y confiable. Ten en cuenta que la decisión que tomamos se encuentra validada por los términos y condiciones del sitio”, concluye la nota, sin formular aclaración concreta alguna.
Se trata, en general, de usuarios que venían utilizando ese medio de pago desde hace más de un año, y que, hasta el presente, no habían tenido dificultad alguna para concretar sus operaciones y ver acreditados sus fondos.
La empresa no ha dado explicación alguna sobre estas decisiones. No queda en claro, por lo tanto, si ha decidido imponer su propio corralito, aprovechándose de la imposición unilateral de las condiciones del sitio, para aplicar esos fondos a movimientos financieros en beneficio propio, o si se trata de alguna forma de presión sobre el gobierno nacional para obtener o conservar operatorias muy cuestionadas dentro del sector financiero, y que han sido denunciadas como propias de la “competencia desleal”.
Al haber resignado su capacidad de control sobre el sector financiero privado durante la gestión de Cambiemos, el estado nacional cuenta con muy pocas herramientas para intervenir en situaciones como la presente.
De hecho, Mercado Libre ha consolidado un sistema financiero paralelo, facultado para imponer normas, sanciones y plazos, del que ahora pueden comenzar a apreciarse sus consecuencias iniciales. En este caso, la aplicación de un corralito sobre sus usuarios, con absoluta prescindencia de las instituciones argentinas.
A cuántos de sus usuarios incluye y qué perjuicios les ocasiona es algo muy difícil de definir, ya que, al tratarse de una empresa privada, no brinda información pública al respecto.
Por ahora, sólo nos queda tratar de medir su incidencia y alcance a través de las denuncias públicas de los perjudicados. Una variable muy poco confiable para obtener certezas al respecto.
Fuente: REAL POLITIK
